¡¡Inaceptable!! Una suerte de estupefacción indignante ha producido entre los funcionarios/as del Sector Público la actitud con que el Gobierno ha enfrentado las movilizaciones de los cuatro gremios de Gendarmería que en un gesto histórico de unidad han logrado denunciar ante la opinión pública la barbarie inhumana de las cárceles del país y las precarias condiciones de trabajo en que se deben desempeñar cotidianamente los 14 mil trabajadores/as de este servicio.
Lo menos que se puede decir del gobierno es que está cruzado de incoherencias, que horadan su credibilidad y que contradicen profundamente la enorme adhesión que alcanza en el país la Presidenta Michelle Bachelet.
Escuchamos diariamente a sus voceros ratificar ante la ciudadanía su compromiso con los derechos de los trabajadores, con la importancia del diálogo social, con la relevancia de la negociación colectiva para enfrentar la inequidad que nos tiene atragantados como sociedad, con el cumplimiento irrestricto con normas internacionales fundamentales como los convenios de la OIT o mas aún con el pleno respeto a los Derechos Humanos.
Sin embargo ha bastado que los gendarmes anunciaran su movilización para que recayera sobre ellos la nefasta amenaza de “aplicar la ley de Seguridad Interior del Estado”, norma a la que se recurre contra el terrorismo y cuando se pone en riesgo la paz de la nación. ¿Somos de un día para otro “terroristas” los y las trabajadoras que luchamos por justicia social?
Sin necesidad de remontarnos en la memoria a épocas que ya creíamos olvidadas, el solo principio de la democracia pone en evidencia la irracionalidad de esta medida; cuando un empleador como el Estado no tiene otra respuesta que el arbitrario abuso del poder ante las justas demandas de sus trabajadores y que antepone su omnipotencia a todo diálogo, no hace más que negarse a si mismo su carácter democrático y delata su limitación para cumplir con su obligación de garantizar los derechos de sus ciudadanos/as.
¿Por qué tanta intransigencia? ¿Será que no hemos aprendido nada? ¿Acaso el miedo al movimiento social se ha arraigado en nuestra burocracia estatal? Estas y otras interrogantes nos obligan a reflexionar aún más sobre la calidad de nuestra democracia, más aún en este período de crisis mundial, en que somos interpelados a buscar soluciones que protejan a los más vulnerables, y a evitar que sean los trabajadores y sus familias quienes paguen los costos.
Y en este sentido, si se le pudiera atribuir algo de “bueno” a la crisis es que ha develado que el modelo es un coloso con pies de barro, y que su fracaso ha puesto en un riesgo tal la estabilidad mundial, que a lo menos han quedado en tela de juicio sus dogmas fundamentales a saber la apertura comercial indiscriminada, el mercado como regulador de los derechos, la reducción de Estado y la desregulación, léase precarización del mercado laboral.
Por tanto cae de cajón que para enfrentar la crisis hay que fortalecer el Estado, regular los mercados y lo más importante empoderar a los trabajadores/as y sus organizaciones, por supuesto que a través de aquellos instrumentos reconocidos por la comunidad internacional para estos efectos como lo son la negociación colectiva, el derecho a huelga y la libertad sindical.
A días de una nueva sesión anual de la Organización Internacional del Trabajo OIT en Ginebra, el Gobierno de Chile se apresta a entregar un informe sobre la situación de los derechos fundamentales de los y las trabajadoras en Chile y sobre sus avances en cuanto a sus compromisos con el trabajo decente.
Los y las funcionarias públicas esperaríamos que los representantes del gobierno fueran capaces de comprometerse allí de una vez por todas con la implementación del Convenio 151, que confiere el derecho a negociación colectiva a los trabajadores del Estado, cuya ratificación ha sido latamente vociferada por las autoridades pero cuya reglamentación duerme aún el sueño de los justos.
Como eso es muy probable que no pase, y si algo de consecuencia queda, exigimos, que se levante la medida autoritaria en contra de los trabajadores y trabajadoras de Gendarmería, que se reponga el diálogo, y que finalmente se logren mejorar sus condiciones de trabajo que realmente son intolerables.
Por nuestra parte por ahora gran solidaridad con los gendarmes, estamos con ustedes, porque Gendarmería Somos Tod@s.
Escuchamos diariamente a sus voceros ratificar ante la ciudadanía su compromiso con los derechos de los trabajadores, con la importancia del diálogo social, con la relevancia de la negociación colectiva para enfrentar la inequidad que nos tiene atragantados como sociedad, con el cumplimiento irrestricto con normas internacionales fundamentales como los convenios de la OIT o mas aún con el pleno respeto a los Derechos Humanos.
Sin embargo ha bastado que los gendarmes anunciaran su movilización para que recayera sobre ellos la nefasta amenaza de “aplicar la ley de Seguridad Interior del Estado”, norma a la que se recurre contra el terrorismo y cuando se pone en riesgo la paz de la nación. ¿Somos de un día para otro “terroristas” los y las trabajadoras que luchamos por justicia social?
Sin necesidad de remontarnos en la memoria a épocas que ya creíamos olvidadas, el solo principio de la democracia pone en evidencia la irracionalidad de esta medida; cuando un empleador como el Estado no tiene otra respuesta que el arbitrario abuso del poder ante las justas demandas de sus trabajadores y que antepone su omnipotencia a todo diálogo, no hace más que negarse a si mismo su carácter democrático y delata su limitación para cumplir con su obligación de garantizar los derechos de sus ciudadanos/as.
¿Por qué tanta intransigencia? ¿Será que no hemos aprendido nada? ¿Acaso el miedo al movimiento social se ha arraigado en nuestra burocracia estatal? Estas y otras interrogantes nos obligan a reflexionar aún más sobre la calidad de nuestra democracia, más aún en este período de crisis mundial, en que somos interpelados a buscar soluciones que protejan a los más vulnerables, y a evitar que sean los trabajadores y sus familias quienes paguen los costos.
Y en este sentido, si se le pudiera atribuir algo de “bueno” a la crisis es que ha develado que el modelo es un coloso con pies de barro, y que su fracaso ha puesto en un riesgo tal la estabilidad mundial, que a lo menos han quedado en tela de juicio sus dogmas fundamentales a saber la apertura comercial indiscriminada, el mercado como regulador de los derechos, la reducción de Estado y la desregulación, léase precarización del mercado laboral.
Por tanto cae de cajón que para enfrentar la crisis hay que fortalecer el Estado, regular los mercados y lo más importante empoderar a los trabajadores/as y sus organizaciones, por supuesto que a través de aquellos instrumentos reconocidos por la comunidad internacional para estos efectos como lo son la negociación colectiva, el derecho a huelga y la libertad sindical.
A días de una nueva sesión anual de la Organización Internacional del Trabajo OIT en Ginebra, el Gobierno de Chile se apresta a entregar un informe sobre la situación de los derechos fundamentales de los y las trabajadoras en Chile y sobre sus avances en cuanto a sus compromisos con el trabajo decente.
Los y las funcionarias públicas esperaríamos que los representantes del gobierno fueran capaces de comprometerse allí de una vez por todas con la implementación del Convenio 151, que confiere el derecho a negociación colectiva a los trabajadores del Estado, cuya ratificación ha sido latamente vociferada por las autoridades pero cuya reglamentación duerme aún el sueño de los justos.
Como eso es muy probable que no pase, y si algo de consecuencia queda, exigimos, que se levante la medida autoritaria en contra de los trabajadores y trabajadoras de Gendarmería, que se reponga el diálogo, y que finalmente se logren mejorar sus condiciones de trabajo que realmente son intolerables.
Por nuestra parte por ahora gran solidaridad con los gendarmes, estamos con ustedes, porque Gendarmería Somos Tod@s.
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